ENTREVISTA A LILIA SOLANO
“En Colombia, el que piensa es terrorista”
Publicado el 17 de Octubre de 2010
Por David Cejas y Alfredo Grieco y Bavio

Esta activista de los Derechos Humanos, amenazada y perseguida, sostiene que su mayor apuesta es que el diálogo ponga fin al conflicto armado que existe en su su país. Por qué cree que el gobierno de Juan Manuel Santos es una democracia de clientes en la que se defiende la propiedad privada. Dice que la Argentina está en plena ebullición.
Lilia Solano nació en Cali, estudió en Toronto y es activista de Derechos Humanos en Bogotá. Tiempo Argentino la entrevistó en Buenos Aires, pero el gran tema que la ocupa tiempo completo es lograr que el final del conflicto armado llegue a su país, Colombia, a través del diálogo y no de la guerra que se libra desde hace medio siglo. Que hasta ahora los gobiernos derechistas de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no le hayan permitido muchos éxitos, no le impide pensar cómo será la era del posconflicto, para la que esta politóloga y docente universitaria se prepara en el campo académico.
Colaboradora de la senadora Piedad Córdoba, que fue expulsada de su banca e inhabilitada para ocupar cargos políticos, también Lilia Solano insiste que es posible encontrar una vía para llegar a acuerdos con las guerrillas de las FARC y del ELN. Mientras en Chile salía a la luz el minero número 13, empezó el diálogo con este Tiempo Argentino.

–¿Cómo encuentra a la Argentina y cómo encuentra a Colombia?
–El entorno aquí cerca del Congreso me hace pensar en un país en ebullición, porque hay protesta, hay tambores, hay gente, hay carteles. Colombia va de una crisis a otra lamentablemente. Mucha gente creyó que la asunción de Santos iba a traer algunas cosas positivas, puesto que Uribe fue un huracán, se llevó por delante todas las luchas sociales, quiso masacrar y no llegar a un entendimiento con la insurgencia, pero lamentablemente Santos fue elegido por los mismos votos, los mismos electores que habían ungido a Uribe. Así Santos borró la posibilidad de algún acuerdo y sólo arremetió militarmente. Frente a la posibilidad de un Acuerdo Humanitario, dijo un no rotundo, y respecto de las Bases Militares estadounidenses en Colombia, Santos niega lo que le ha ordenado un tribunal constitucional, y dio las garantías para que se formalice el acuerdo con los Estados Unidos.
–Para bien o para mal,

¿cuáles son las siete diferencias entre Uribe y el actual presidente Santos, que fue su ministro de Defensa?
–Pues hasta ahora, más que un cambio, lo que se ha visto es sólo un maquillaje. En el fondo, este gobierno es muy parecido al de Álvaro Uribe. Fue elegido por un acuerdo de mafias, paramilitares y narcotraficantes con sectores poderosos en lo económico, y Santos viene de la oligarquía más tradicional, una oligarquía que ha entendido la importancia del narcotráfico. Santos viene de la oligarquía que no tiene nexos directos con los narcotraficantes, pero sí sabe que tiene compartir el poder. Santos sabe cómo moverse y mucha gente que estuvo en el gobierno de Uribe mantiene sus privilegios. Ante la comunidad internacional, Santos aparece como alguien diferente, más interesado en la opinión internacional, tiene una imagen más lavada.
–¿Y cómo juega en esa imagen la nueva relación que busca establecer Santos con el presidente venezolano Hugo Chávez?
–Los empresarios que apoyaron a Santos en la campaña electoral le dijeron: “Nada de peleas con Chávez, porque necesitamos la plata venezolana, así que háganos el favor: mantenga buenas relaciones con Chávez.” Entonces Santos empezó a mandar señales al gobierno venezolano para que asumieran que el nuevo presidente no quería mantener una relación hostil...Por supuesto que Santos no cree en el proyecto socialista del presidente Hugo Chávez, pero sí necesita sus recursos. Dicho de otro modo_ respeto al vecino, colaboramos para esto, pero que venga la plata de Chávez…
–¿A qué se debe el fortalecimiento de la derecha en Colombia, donde en las elecciones presidenciales no hay candidato viable de centroizquierda, fenómeno único en América Latina?
–Miren las cosas a través de la luz de la historia de Colombia. Quien ha tenido poder económico, ha tenido poder político y ha ostentado poder militar. Los ricos y los políticos han determinado que el país se someta a sus condiciones, pero lo hacen a fuerza de balas, se imponen por la fuerza. En Colombia, por décadas hemos tenido que soportar lo mismo. Ejecuciones extrajudiciales, más de 30 mil detenidos desaparecidos, 4 millones de desplazados, miles y miles de huesos en fosas comunes, cementerios de gente que no ha sido identificada. Esto se ha impuesto desde el Estado. Entonces no es que la gente no quiera cambiar, porque si recorres el país te das cuenta de que hay un espíritu de cambio. Los movimientos sociales son importantes en esta intención, pero si la respuesta es a través de echar bala, cuando ya la vida está en juego, la gente aprende del “sálvese quien pueda.” Es el tipo de mentalidad en Colombia, a pesar de las luchas por transformaciones sociales. En la década de 1980 hubo una alternativa por la transformación del poder, la Unión Patriótica, y fueron asesinados absolutamente todos los que eran candidatos a la Presidencia, los que llegaron a los Concejos, a la Cámara, al Senado: todos fueron eliminados, hubo más de 3000 víctimas.
–¿Existe la democracia en Colombia? Usted sostiene que no…
–En Colombia no hay derecho a la oposición política, se criminaliza, se persigue, se elimina, se produce un genocidio con la oposición política. Todo se vuelve muy difícil porque no es una democracia. Porque bajo estas condiciones no se puede discutir ninguna transformación política y los que la queremos estamos en desventaja. Desde la comunidad internacional se ve la aplicación de tratados de libre comercio como una cuestión democrática. Si Colombia fuera una democracia, no habría genocidio para quien piensa diferente, no se habría eliminado a toda la Unión Patriótica, no habría 4 millones de desplazados internos. Si hubiera una democracia, la mayoría de la población no tendría que vivir en las condiciones de miseria con la que viven en Colombia, si fuera una democracia no habría familiares buscando a 30 mil desaparecidos. Nosotros creemos que en todo caso esta es una democracia de clientes en que se defiende la propiedad privada. Que es un Estado subordinado a los intereses de las transnacionales. Pero al resto de los ciudadanos, que piden condiciones de vida dignas, lo único que se le ofrece es represión.
–¿Cuál es su relación con la senadora Piedad Córdoba?
–Trabajé como asesora de la senadora Piedad Córdoba en la Comisión de Paz en el Senado, y una de las cosas que nos querían atacar era la posibilidad de lograr una negociación para obtener la paz en el conflicto armado. En Colombia es crimen buscar la paz, y los que buscan la guerra son héroes. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, que ha pedido la inhabilitación de la senadora, es miembro del Opus Dei, y pertenece a una casta privilegiada, que gana con la guerra y se disgusta con la paz. Como la senadora ha logrado establecer en todos los países del mundo un consenso a favor de una salida pacífica al conflicto armado, ellos la tomaron como una enemiga. Pero el procurador también se siente molesto por la lucha de las mujeres a favor de la despenalización del aborto, ha tenido fallos en contra de los gays y de sectores marginados, pero en cambio ha brindado un gran apoyo a la parapolítica.Una muestra de esto es un fallo a favor de Mario Uribe, amigo de paramilitares y narcotraficantes.
–¿Por qué se frustró el diálogo con la guerrilla del ELN, cuando parecía serio y posible?
–En el Estado no hay un interlocutor, porque las dos guerrillas, FARC y ELN, sí buscaron una salida de paz al conflicto armado. Nosotros, Colombianos por la Paz, hemos hecho el intercambio epistolar, como sociedad civil. Con el tema del secuestro se avanzó mucho con el tema de las liberaciones. El gobierno está comprometido con la guerra. Como el poder político no está comprometido con un acuerdo de paz, resulta un diálogo de sordos. Una y otra vez Uribe, y ahora Santos, dijeron no porque con todas las armas del Plan Colombia ellos creen que tienen la posibilidad de aplastar a la insurgencia.
–¿Tiene el gobierno en sus manos la posibilidad de una victoria militar sobre las guerrillas?
–Creo que sería muy difícil, a pesar de los golpes que ha recibido. Los secuestrados que han sido liberados cuentan que un montón de jóvenes que llegan a las FARC no tienen un proyecto de vida, no tienen un acceso a la educación ni a un empleo, y entonces los grupos guerrilleros les dan una contención que no les brinda el Estado, y les dan un proyecto de vida. El Estado lo único que ofrece a cambio es la fuerza, la militarización, la pérdida, la persecución, el aplastamiento, niega una salida negociada y logra imponer la guerra. Y podemos hacer marchas, podemos escribir cartas, podemos escribir libros, podemos generar un consenso en la opinión pública mundial, pero sin embargo este poder instalado que tiene el respaldo de los Estados Unidos nos mantiene sitiados.
–¿Busca el gobierno entonces una rendición incondicional de las guerrillas?
–El gobierno quiere aplastar militarmente a la guerrilla. Lo único que pretende Santos es una rendición. Como defensora de los Derechos Humanos, no estoy de acuerdo que se le diga a la gente de llegar a un acuerdo y luego pedirle que se ponga de rodillas, porque ellos decidieron masacrarla. ¿Qué clase de diálogo es este, qué clase de negociación es esta?
–¿Pero con los paramilitares de derecha el gobierno sí llegó a un acuerdo?
–Paramilitares y narcotraficantes negociaron tres cosas. La Ley de Perdón y Olvido, que fue la Ley de Justicia y Paz, lograron la legalización de bienes y tierras y negociaron que ellos mismo tendrían acceso al poder político. Aun así, a todo un sector de mandos medios que querían contar quién había dado las órdenes, quién los financiaba, con cuáles militares trabajaban, mano a mano los fueron asesinando: más de 1600 asesinatos de ellos mismos, porque el paramilitarismo ha sido el brazo ilegal que ha trabajado para el Estado. Si no respetaron una negociación “entre compadres” y asesinaron a su propia gente, imagínense entonces cuando no hay garantías para una paz duradera. En un mundo global en que se habla de Derechos Humanos, en que las tecnologías y las comunicaciones se han desarrollado de tal forma, y se supone que hay tantos tratados internacionales, los asesinatos y las masacres no pueden ser garantía de un pueblo. Nosotros nos paramos inamoviblemente en la salida dialogada y, aunque necesitamos aliados en el mundo entero, decimos que no nos podemos mover de ahí.
–¿La Unasur, que desempeñó un papel clave en conflictos internos de Bolivia, podría hacerlo en Colombia?
–Estamos empeñados en que la Unasur tenga un rol protagónico en esta salida dialogada pero el gobierno (al querer mantener el conflicto) no quiere la participación de la Unasur, aunque sabemos que claramente es una salida al conflicto. Hay que internacionalizar esto. Cuando hubo el bombardeo a Ecuador, y asesinaron a Raúl Reyes, de las FARC, ya se notó que es imposible mantener el conflicto en las fronteras colombianas, cuando el ex presidente Uribe acusaba a Venezuela de alojar guerrilleros es una muestra más de su impotencia para mantener el conflicto armado en Colombia. Por lo tanto, creo que la Unasur puede desempeñar un papel muy importante.
–¿Cómo es su vida de militante por los Derechos Humanos en Colombia?
–He sido amenazada de muerte, mi casa ha sido allanada, mis hijos perseguidos, pero yo creo que es tan indignante de la forma en que nos han quitado la vida, la paz y nos han quitado la posibilidad de pensar que es lo que queremos, que ya sabes que el único camino es comprometerse, pero no con la calidad de vida que nosotros necesitamos, y somos siempre amenazados. En Colombia, al que piensa no se le dice “opositor” sino “terrorista”. Y desde el 11 de septiembre, por la razón o causa que fuera, directamente ellos creen que tiene derecho a matarlos.
–Por último,

¿cómo definiría a los gobiernos de Uribe y Santos que llenan la última década colombiana?
–Ambos responden a la estructura de poder que el neoliberalismo ha determinado para ellos: los políticos son fichas que se ponen para servir intereses que van mucho más allá, obviamente, de sus propios proyectos políticos. Juan Manuel Santos encarna perfectamente y sabe que tiene que servir a intereses vinculados al sector financiero y lo hace consustanciado, lo hace con lujos y ganas. Uribe hizo lo mismo. Se comprometió con el ALCA, y como los Tratados de Libre Comercio requieren militarización e imposición de la fuerza, a eso lo llamó seguridad democrática y lo hizo a fondo. Y sirvió tanto a los estadounidenses que ellos les permitieron tener o gobernar un segundomandato, porque en Colombia no se permite elegir a un presidente que no tenga la venia o bendición de Washington. Ellos dos representan perfectamente el modelo que pretende los Estados Unidos. Aunque Santos no sea un reformista, sí va a establecer pautas para mantener el “orden